La tercera parte de los ayuntamientos oculta sus gastos al Tribunal de Cuentas

8 junio 2011

n Exclusiva | @Carlos Sánchez.- 08/06/2011 (06:00h)

La gestión de miles de ayuntamientos continúa siendo un arcano. Al menos, para el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar el gasto público. Lo preocupante del caso es que este fenómeno de ocultamiento no afecta sólo a los pequeños municipios. También a los grandes. Según el Tribunal de Cuentas, nada menos que el 18% de los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 incumple la obligación de rendir cuentas. En el caso de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, que ya pueden considerarse de cierto tamaño, el 6% tampoco presenta sus números a los órganos de fiscalización. En el caso de los ayuntamientos con menos de 1.000 vecinos, el 27% no reporta sus cuentas a los poderes públicos.

Las cifras proceden del Informe de Fiscalización del Sector Público Local correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, que fue aprobado el pasado 24 de marzo por el Pleno de Tribunal de Cuentas, y en el que se pone de relieve hasta qué punto se ha generalizado esta práctica.

El Confidencial – 08/06/2011

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La ideología como excusa para la perpetuación de la partitocracia (o por qué España lo tiene tan jodido)

6 junio 2011

La ideología como excusa para la perpetuación de la partitocracia (o por qué España lo tiene tan jodido).


Los escandalosos privilegios de políticos y cargos públicos

25 noviembre 2010

¿Conoces los escandalosos privilegios en las pensiones de jubilación y sueldos de políticos y cargos públicos?

Los privilegiados de la casta política, esos sres/sras que con cotizar 7 años tienen la pensión máxima (los demás 35 años), que sólo cotizan por 2/3 partes de su salario (los demás por el 100%), que al cesar siguen cobrando durante 2 años (paro aparte, claro), que pueden cobrar más de 1 sueldo del erario público (los demás no), …

Invertia – 29-01-2010


El Tribunal Supremo limita el nombramiento de funcionarios a dedo

8 noviembre 2010

05.11.2010 Marga Castillo Grijota 6
Nuevo coto a los puestos de libre designación. A las numerosas sentencias que suprimen cargos directivos públicos nombrados por el Gobierno -normalmente vinculados a intereses políticos-, se une ahora una sentencia inédita del Tribunal Supremo. El órgano judicial anula seis altos cargos y, por primera vez, limita la discreccionalidad del poder Ejecutivo para crear y designar directores generales en la Administración. El Gobierno, de momento, ha hecho caso omiso.

Expansión – 5-11-2010


Entrevista al Director de la Oficina Antifrau de Catalunya

21 julio 2010

Entrevista a David Rodríguez Madero, director de la Oficina Antifrau de Catalunya. 16-06-2010. TV3.

http://www.tv3.cat/videos/2969290/Les-comissions-dinvestigacio-no-es-creen-per-investigar-loposicio-sino-el-govern

Conferencia en Tribuna Barcelona. 23-11-2009.


Los tribunales son culpables de la morosidad de las administraciones públicas

9 julio 2010

A partir de 2013, la Administración Pública española tendrá que pagar en un plazo de 30 días a las empresas contratadas. Entre empresas el pago deberá efectuarse en 60 días. La reciente modificación de la Ley contra la Morosidad es algo loable pero que seguramente no será suficiente porque lo que falla estrepitosamente es la justicia que, en última instancia, debe asegurar su cumplimiento. Como es costumbre en nuestro país, las leyes no se cumplen, especialmente cuando los afectados son las Administraciones y sus responsables políticos.

El artículo de Iñigo Coello de Portugal apunta al problema: el sistema judicial no funciona con la diligencia mínima exigible para que el sector económico tenga unas garantías mínimas. Y añade que es la propia Administración -sus responsables políticos, claro- la que interesadamente mantiene a la justicia en la indigencia.

Expansión, 27-01-2010
Artículo completo

Análisis de la reformada Ley contra la morosidad en Contencioso.


El acceso a la información de la Administración pública en España

7 junio 2010

La falta de una ley que obligue a nuestras administraciones a facilitar información es una de las razones del elevado nivel de corrupción de nuestro sistema político y de la desprofesionalización de la función pública en este país.

El País, 19-04-2010
Artículo completo
Pro Acceso a la información