A partir de 2013, la Administración Pública española tendrá que pagar en un plazo de 30 días a las empresas contratadas. Entre empresas el pago deberá efectuarse en 60 días. La reciente modificación de la Ley contra la Morosidad es algo loable pero que seguramente no será suficiente porque lo que falla estrepitosamente es la justicia que, en última instancia, debe asegurar su cumplimiento. Como es costumbre en nuestro país, las leyes no se cumplen, especialmente cuando los afectados son las Administraciones y sus responsables políticos.
El artículo de Iñigo Coello de Portugal apunta al problema: el sistema judicial no funciona con la diligencia mínima exigible para que el sector económico tenga unas garantías mínimas. Y añade que es la propia Administración -sus responsables políticos, claro- la que interesadamente mantiene a la justicia en la indigencia.
Expansión, 27-01-2010
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Análisis de la reformada Ley contra la morosidad en Contencioso.
Haciendo la calle 