El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó en 2007 contratos a dedo por 22 millones

28 junio 2008
CiU lamenta la práctica y Carnes dice que es legal al tratarse de sumas bajas
Ajuntament de Barcelona

ÀNGELS PIÑOL – Barcelona – 28/06/2008

El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó en 2007 contratos a dedo por 22 millones de euros. La ley ampara al Consistorio porque eran de menor cuantía (inferiores a 12.000 euros o entre esta suma y 30.000 euros) y no necesitan pasar por concurso público. Jordi William Carnes, tercer teniente de alcalde, cree que los 22 millones son razonables porque sólo representan el 15% del volumen total de contratación del Consistorio de 2007, que ascendió a 145 millones de euros, y que no es nada comparado con el presupuesto global de la institución: 2.400 millones. Pero Convergència i Unió (CiU) puso el grito en el cielo. El convergente Antoni Vives sostiene que el 90% de los contratos de la Casa Gran de 2007 no pasaron por ningún concurso. “Es un escándalo de procedimiento”, dijo Vives en el pleno de ayer.

Las cifras divergen porque el gobierno municipal y el principal grupo de la oposición manejan baremos distintos. Carnes sostiene que se adjudicaron por concurso contratos por 67 millones de euros (46%); 54 millones (37%) por procedimiento negociado -el Ayuntamiento elige varias empresas y escoge la oferta que más le convence- y asignó directamente por 22 millones (15%) por ser de cuantía menor. En este último capítulo se incluyen tanto los contratos inferiores a 12.000 euros -suelen ser para suministrar material- y los que oscilan entre 12.000 y 30.000 euros, que son para hacer obras como, por ejemplo, reformas en una escuela.

Tras el pleno, Carnes tildó de desproporcionada la crítica de Vives al subrayar que éste admitió que todo era legal. “No hay nada perverso. El interventor no ha puesto ninguna objeción. Cuando tenemos que adjudicar grandes contratas, como la de la limpieza, lo hacemos por concurso, pero hay muchas pequeñas cosas que no hace falta y que son para el funcionamiento ordinario de un distrito. Colapsaríamos la Administración si no lo hiciéramos así”, dijo y planteó. “¿Hay que convocar un concurso para construir la carpa de una fiesta? ¿Y para una cena para una residencia de ancianos?”. El importe medio de esos contratos es de 3.900 euros.

Pero CiU hace este planteamiento: calcula que más de la mitad del volumen contratado es a dedo al sumar los de cuantía menor (22 millones) con los negociados (54 millones). “Y este último, en argot municipal, es cuando se presentan el solista y los mariachis”, dijo Vives insinuando que se conoce el adjudicatario. Y puso como ejemplo a Barcelona Serveis Municipals (BSM): de 5.800 contratos en 2007, 50 pasaron por concurso. Carnes replicó: “Olvidan que es una sociedad mercantil y busca agiliza las obras”.

“Hay que ser transparenctes. Hay que ajustarse a la ley y alinearte con lo que defiendes. Hay mucha diferencia entre lo que se dice y se hace. Y es un reflejo de su forma de gobernar”, señaló Vives. Xavier Mulleras, del PP, acusó al gobierno de “snob” por tener un hotel como el de Miramar, donde un café cuesta cuatro euros. Mulleras exhibió la factura y Carnes replicó que el porcentaje de acciones en ese hotel es mínimo. “En la exageración tiene que haber un punto de mesura”, dijo Joaquim Mestre, de Iniciativa.

El debate del cierre presupuestario de 2007 reflejó una vez más las gélidas relaciones entre el equipo de Jordi Hereu y CiU, culminadas en una propuesta -aprobadas con los votos de CiU, el PP y ERC- para que cumpla las decisiones que el Pleno tome por mayoría, como la paralización de la montaña rusa del Tibidabo.

EL PAÍS – 28-06-2008

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El Gobierno acusa a los municipios de vulnerar la ‘ley anticorrupción’

21 junio 2008

Los ayuntamientos no publican la declaración de bienes de alcaldes y ediles

L. R. AIZPEOLEA – Madrid – 21/06/2008

Los consistorios españoles no aplican todavía la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario, llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo. Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles.

Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los “términos fijados en el Estatuto municipal”. Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció una “persecución implacable” y un “castigo sin paliativos” a los responsables de la corrupción urbanística, en alusión al escándalo destapado esta semana en Estepona (Málaga).

Los gobiernos municipales consultados por EL PAÍS esgrimen la falta de base jurídica para hacer pública la declaración de bienes de alcaldes y concejales.

– Castellón: “Cuestiones legales por solucionar”. En Castellón, el vicealcalde Javier Moliner, aseguró ayer que el secretario del Ayuntamiento ya les notificó la futura exigencia de hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades no sólo de los concejales sino también de varios funcionarios. Sin embargo, según indicó, el consistorio considera que la disposición aún no ha entrado en vigor ya que “había alguna cuestión legal que se tenía que solucionar”, en referencia a la ausencia de la figura jurídica que debe recoger la Ley de Régimen Local.

– Bilbao. “Nadie sabe cómo hacerlo público”. En Bilbao, los 29 concejales de la corporación realizan una declaración anual de sus bienes y actividades, que se entrega al secretario municipal, quien tiene todos los datos en un libro de registro, informó un portavoz del consistorio bilbaíno. Aseguró que, por este lado, se cumple lo establecido en la Ley del Suelo pero lo que no se realiza es la publicación anual de estos datos, porque “la Ley del Suelo no explica cómo hacerlo público. Nadie sabe cómo hacerlo”, señaló el mismo portavoz, quien recordó que hace unos años el Ayuntamiento de Jerez publicó los datos en su página web “y se montó un cristo”. El Ayuntamiento bilbaíno reprocha al Gobierno central que no haya desarrollado este aspecto de la normativa pero reiteró que si un ministerio u otras entidades lo piden, “ahí tienen los datos”, informa Alberto Uriona.

– Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El Ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve, informa Reyes Rincón.

– Galicia: declaraciones de bienes. En A Coruña, los alcaldes y concejales realizan una declaración de bienes y actividades al comenzar y finalizar su mandato. Los ediles, según establece la ley, también están obligados a informar de cualquier modificación durante su permanencia en la corporación municipal. No existe un registro público, pero cualquier ciudadano, según el Ayuntamiento, puede solicitar copia. También en Vigo, disponible con una petición en la secretaría del Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Abel Caballero, la tiene colgada en la web municipal, informa Paola Obelleiro.

Por otra parte, la ministra de la Vivienda dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año. Corredor aseguró ayer que se está produciendo la “vuelta a la normalidad” de los precios, un “ajuste” que calificó de “previsible, deseable y necesario”. Los últimos datos del Ministerio de Vivienda apuntan a un crecimiento interanual del 4% del valor de los pisos, lo que en términos reales supone un leve descenso. “Era injustificable que se pudieran seguir construyendo cientos de miles de viviendas a los precios en los que se hacían y que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les siguiera resultando imposible acceder a ellas”, aseguró.

La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado

– “Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”.

– “Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho”.

– “Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal”.

– “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público”.

EL PAÍS – 21-06-2008