Juicio contra una página web por insultos anónimos contra Ramoncín

8 septiembre 2007

Varias asociaciones de internautas se movilizan en solidaridad con alasbarricadas.org, la web denunciada

RAMÓN MUÑOZ – Madrid

ELPAIS.com – 06-09-2007 El juzgado número 44 de Plaza Castilla de Madrid ha fijado para el próximo 12 de septiembre la vista del juicio por la denuncia que interpuso el cantante José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido por Ramoncín, contra la página web alasbarricadas.org por una serie de comentarios anónimos que, según el demandado, suponían un atentado contra su honor. El artista pide como indemnización de 6.000 euros más el pago de las costas. Los hechos denunciados hacen referencia a unos comentarios publicados por lectores de la web entre junio y octubre de 2006 que critican duramente a Ramoncín por su carrera profesional y su labor en defensa de las tesis de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en contra de la piratería. Los demandados alegan que retiraron esos comentarios en cuanto tuvieron conocimiento de los mismos y que advertían de que no eran responsables de los mismos puestos que se trata de un foro de opinión libre, según la Asociación de Internautas (AI).

La celebración del juicio ha motivado la movilización de varias asociaciones de internautas y páginas web en apoyo a los responsables de la página web demandada, y han convocado a los internautas a que demuestren su solidaridad acudiendo a las puertas del juzgado. También han anunciado la convocatoria de una rueda de prensa una hora antes de que se celebre el juicio (12 horas). El demandante entiende que esos comentarios, firmados con nicks (apodos de los internautas) son manifestaciones “vejatorias, insultos, descalificaciones e incluso amenazas”, según el auto judicial. Entre los comentarios que señala la acusación figuran frases como la siguiente: “Un pedante, creído, vendido, toca pelotas/ovarios, farandulero, y pasado por los quirófanos, mal cantante, mal artista, mal politiquillo, mal presentador de programas de tv, chupacámaras […] Sólo siento no haber estado en el último festival que estuvo para descalabrarle con un pedroso del veinte”. Otro comentario señala: “Este hombre es un grandísimo payaso. Es escoria, la hipocresía personificada. No sé si en un tiempo pasado fue mejor pero ahora mismo sólo merece que su queridísima SGAE se quede sin dinero que robar, y que termine viviendo en su amada sociedad capitalista como un mendigo”. Asimismo, la denuncia, que está amparada por la SGAE, denuncia también que la web incluyó el foro “Ramoncín y el rey del pollo frito” en el que se podía ver una caricatura de Ramoncín con la cabeza cortada. La denuncia asegura que alasbarricada.org infringe la obligación de identificar a los responsables de los contenidos que se ofrecen en la misma de acuerdo a la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico de 2003. También acusa a la web de no incluir ningún dato acerca del responsable o titular de la página, ni el domicilio del mismo. De hecho, aseguran que para conocer a los responsables de alasbarricadas.org tuvieron que contratar una agencia de detectives.


Tribunales, la última trinchera

8 septiembre 2007

Es opinión cada vez más compartida la exigencia a los partidos políticos de que no resuelvan sus conflictos únicamente en los tribunales. En este sentido -si bien creo que los conflictos deben resolverse allí donde exista un espacio para su solución, sea éste el de los tribunales de justicia o cualquier otro- de unos tiempos a esta parte parece que la vida política ha incorporado a su argumentario todo el diccionario jurídico-judicial (imputados, procesados, autos, sentencias, etcétera). Incluso frente a los posibles casos de corrupción, cada formación política mueve o coloca su nivel de respuesta en base a un concepto y decisión judicial: los más atrevidos prometen respuesta contundente si se produce auto de imputación, y los más prudentes la retrasan a la sentencia firme.

Ese elemento referencial a los aconteceres de un proceso judicial supone un reconocimiento de impotencia o de renuncia a adoptar decisiones propias en el seno de los partidos políticos, lo que coadyuva a desvanecer el crédito de los ciudadanos en los mismos, con las funestas consecuencias que de ello se deriva. Pero además no debemos olvidar que en la búsqueda de la verdad, una resolución judicial únicamente expresa la verdad judicial, es decir, aquella que se conforma dentro de los estrechos márgenes de un proceso, del desarrollo y valoración de un acervo probatorio, de la habilidad de los abogados, de la diligencia de los funcionarios en construir un expediente, etcétera. Pero la verdad ética y la respuesta política no tienen por qué esperar ni siquiera basarse en la verdad judicial.

Los partidos deberían tomarse muy en serio las tareas preventivas y de control de quienes en su nombre adoptan decisiones públicas, y máxime en un sistema como el nuestro, que yo aún defiendo, de listas cerradas. En este contexto me parece adecuado traer a colación un antiguo debate pero plenamente vigente que viene exponiendo con brillantez y crudeza el profesor Alejandro Nieto. Recuerda el profesor cómo el Estado hizo una primera retirada estratégica desde el primer compromiso de garantizar a las personas la Justicia, a una segunda trinchera más modesta de garantizar el Derecho (lo que llamamos pomposamente el imperio de la Ley). Este cambio fue bien aceptado por los ciudadanos, en definitiva si se garantizaba su cumplimiento (aunque la Ley siempre es una respuesta del poder dominante) cada persona sabía qué puede hacer y qué puede esperar de los demás.

El problema aparece nuevamente cuando el poder público no está tampoco en condiciones de mantener esta segunda trinchera, pues en muchas ocasiones es el primero en no estar dispuesto a cumplir lealmente las leyes, y de eso últimamente abundan testimonios descarnados en nuestra Comunidad Valenciana (la vergonzante operación de recalificación y permuta del Mestalla, o de Tabacalera, la distracción de dinero público en paraísos fiscales, la ideación de tramas de defraudación a la hacienda pública, la permanente y obscena confusión entro público y lo privado, etcétera).

Así las cosas y consciente el ciudadano (también los partidos son ciudadanos) del fracaso que supone el compromiso de asegurar la Ley desde los órganos ejecutivos, se organiza una nueva retirada a una tercera línea, y se entrega esa función al Poder Judicial.

Esa nueva retirada ofrece innumerables inconvenientes, pero sobre todo es una apuesta arriesgadísima, porque si la muralla de los tribunales se rompe, entonces ya no hay otra defensa que impida el paso de la arbitrariedad y el despotismo y no podemos olvidar que el poder judicial, entre la politización de sus órganos de gobierno y la desatención presupuestaria, puede abrir una brecha de agua en cualquier momento. Eso sin contar cómo el llamado control judicial opera en ocasiones como una coartada de la ilegalidad. Por ejemplo, el gobierno del PP valenciano retrasa, prudentemente, su respuesta ante actuaciones presuntamente corruptas de autoridades o funcionarios de sus filas o afines, a que se dicte sentencia, y mientras se tendrá por correcto todo lo que hagan, y cuando alguien se levanta contra sus actos arbitrarios, le remiten desdeñosamente al juez, quien resolverá tan tarde que el autor del desaguisado ya habrá cambiado de destino o habrá pasado a mejor vida.

Los partidos políticos siguen siendo, por el momento, el instrumento para alcanzar el poder político. Por ello, creo que estos tienen que hacer un esfuerzo muy serio para recuperar la segunda trinchera, garantizando a la mayoría de los ciudadanos los principios que les abrigue y les proporcione seguridad, frente a aquellas élites minoritarias que son capaces, o incluso les interesa, aguantar sin techo y sin tierra firme bajo los pies.

José Luis Vera es abogado.

EL PAÍS08/02/2007


El presidente incumple sus normas

8 septiembre 2007
El sueldo oficial del alcalde de Sabadell supera lo que sugiere la Federación de Municipios, presidida por el propio edil sabadellense

EL PAÍS – Barcelona – 08/09/2007

En el área metropolitana no todos los alcaldes respetan el convenio sugerido por la Federación de Municipios de Cataluña. Por ejemplo, en Sant Feliu de Llobregat, el socialista Juan Antonio Vázquez tiene un sueldo anual de 58.800 euros, muy por debajo de lo que podía haberse asignado. El ecosocialista Lluís Tejedor, de El Prat de Llobregat, en cambio, tiene un salario de 74.000 euros. Vázquez se ha situado en la escala inferior, como si su localidad tuviera menos población de la que tiene. Tejedor, en la que le corresponde, pero en la banda baja. Luego está el alcalde de Martorell, Salvador Esteve (CiU). Como está jubilado y cobra la pensión de jubilación (en su categoría máxima, porque fue diputado en el Parlament), ha renunciado al sueldo de alcalde. A cambiBo, percibe una serie de complementos por diversos conceptos que suman 2.074 euros mensuales.

Un caso similar es el del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos (PSC). También ha renunciado al sueldo de la alcaldía, pero no por jubilado, sino por percibir el de diputado provincial. La percepción por esta ocupación es de 94.318 euros anuales (6.737 al mes, por 14 pagas). Como ocurre en el caso del alcalde de L’Hospitalet, Bustos no tiene dedicación exclusiva al Ayuntamiento, de modo que percibe diversas dietas y complementos por dedicarse a la alcaldía (se supone que su trabajo principal). Este complemento suma 1.500 euros mensuales. Si hubiera renunciado al sueldo de diputado y se hubiera quedado con el de alcalde, que es más alto (6.928 euros), hubiera perdido las dietas. Bustos es también presidente de la Federación Catalana de Municipios, lo que le reporta entre 600 y 1.000 euros mensuales, por dietas, en función de las sesiones a que asista. Por cierto, el sueldo de alcalde aprobado en su municipio (96.992) supera ampliamente el máximo establecido por la federación que él mismo preside. Como también lo supera el sueldo del alcalde de Terrassa, Pere Navarro (PSC), que, eso sí, no cobra dietas. Tiene dedicación exclusiva y percibe 103.194 euros.

Bustos y Navarro se asignan de más lo que cobra de menos el alcalde de Lleida. Por población, Àngel Ros podría percibir hasta 10.000 euros más de los que cobra, pero se ha quedado por debajo, en 80.836 euros.

También ha renunciado al sueldo de alcalde de Les Borges Blanques el republicano Miquel Àngel Estradé, que es también diputado autonómico. Por su dedicación a la alcaldía percibe una serie de complementos en concepto de desplazamientos, teléfono móvil, comida y aparcamiento. La suma global es de 600 euros.

Una situación parecida a la del alcalde de Figueres, el convergente Santi Vila, y a la alcaldesa de Valls, Dolors Batalla, también de CiU. Ambos han renunciado al sueldo de alcalde para percibir el de diputado en el Parlament. Pero Vila percibe 2.000 euros mensuales en concepto de dietas por asistencia a plenos y comisiones. Batalla cobra 300 euros por asistencia al pleno, más 100 euros por comisiones informativas, más 200 euros por asistencia a comisiones de Gobierno.

Alcaldes con dos cargos renuncian al sueldo municipal pero se asignan dietas millonarias

FRANCESC ARROYO – Barcelona – 08/09/2007

La ley impide el cobro de dos sueldos públicos (salvo en circunstancias especiales). De ahí que los alcaldes y concejales que son, a la vez, diputados, tengan que renunciar a los ingresos que les corresponderían por uno de los cargos. Pero han encontrado una vía para ser compensados en sus desvelos: no tienen sueldo, por tanto, no tienen dedicación exclusiva, por tanto, perciben dietas u otros complementos millonarios por asistir a plenos, comisiones o reuniones. Esta técnica es utilizada por cargos electos de todos los partidos, pero quienes más ingresan son socialistas y convergentes.

Celestino Corbacho, alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Cataluña, no tiene dedicación exclusiva al municipio. Y es así porque reparte su tiempo entre el Consistorio y la presidencia de la Diputación de Barcelona. Como presidente tiene un sueldo de 144.000 euros al año. En el Ayuntamiento, en cambio, no cobra. Salvo la dieta por asistencia al pleno. El importe de esta dieta es de 1.800 euros por sesión, según el portavoz del Consistorio. Hay unos 10 plenos anuales, lo que da una media de 18.000 euros al año de sueldo complementario, a añadir al de la Diputación. De los cargos públicos, sólo el republicano Ernest Benach, presidente del Parlament (141.000 euros), tiene unos ingresos equiparables al de presidente de la Diputación barcelonesa.

Frente a los 1.800 euros de Corbacho, hay otros casos. Por ejemplo, el diputado en el Parlament Josep Maria Freixanet (ERC) cobra como diputado 40.429,76 euros anuales. Pero en su calidad de alcalde de Olost (Osona) también asiste a plenos municipales. La remuneración no es la de L’Hospitalet, sino más modesta. Exactamente, 20 euros. Un poco más, 50 euros, es lo que percibe por asistencia a los plenos el alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà (PSC), que ha renunciado al sueldo de alcalde por cobrar el de diputado provincial (71.528 euros).

Seguramente tiene que ver con el tamaño del municipio. L’Hospitalet ronda el cuarto de millón de habitantes; Olost, poco más de 1.200. Así lo creen, al menos, las asociaciones municipalistas (Federación de Municipios de Cataluña y Asociación de Municipios de Cataluña), que han hecho público una especie de convenio de alcaldes y concejales. El criterio que se sigue es el de la población: hasta 10.000 habitantes, un mínimo de 34.209,60 euros y un máximo de 47.030,58. El máximo es de 90.400 euros para poblaciones de más de 75.000 habitantes. No se incluye Barcelona. Pero éste es uno de los municipios más transparentes: los sueldos de sus ediles figuran en la web municipal. Cualquiera puede saber que el sueldo de Jordi Hereu es de 80.679 euros anuales, a los que hay que añadir 36.719 euros como gastos de representación. Total: 117.398 euros. Los tenientes de alcalde se mueven entre los 95.280 y los 105.400. Tienen sueldo de teniente de alcalde los líderes de la oposición: Xavier Trias, Alberto Fernández y Jordi Portabella, quien al romper el pacto de gobierno no vio menguados sus ingresos.

Los concejales de Reus cobran sueldos y también dietas

EL PAÍS – Barcelona – 08/09/2007

La norma en retribuciones a alcaldes y concejales es que no hay normas. Pese a las recomendaciones de la Federación de Municipios, cada pleno hace de su capa su sayo. No obstante, la tendencia general es que quien cobre un sueldo no perciba dietas por asistir a los plenos u otros organismos municipales. Hay un caso que rompe la norma: Reus, allí se cobra sueldo y complementos sin problema alguno.

El gobierno de Reus está integrado por el PSC, partido al que pertenece el alcalde, Lluís Miquel Pérez, ERC e ICV. El alcalde tiene un sueldo de 79.903 euros anuales. Los otros cargos toman como punto de partida el sueldo de un alto cargo del funcionariado estatal y se sitúan en torno a los 72.638 euros, según fuentes del propio Consistorio. Algunos, sin embargo, no tienen dedicación exclusiva.

La tengan o no, cobran luego por asistir a los plenos o a las comisiones municipales y, por supuesto, por pertenecer a consejos de administración de empresas públicas, en las que figuran, precisamente, en función del cargo de concejal. Eso sí, se limitan las percepciones. Por el pleno, un máximo de 600 euros mensuales; por las comisiones, el tope es de 680 euros, pero se puede tener un tercer ingreso de 600 euros más por la asistencia a comisiones informativas.

© Diario EL PAÍS S.L.


El acuerdo entre Generalitat y promotores sobre el Pacto de la Vivienda rebaja la capacidad de construir pisos sociales

7 septiembre 2007

El conseller de Vivienda Frances Baltasar (i), y el presidente de la Federación Catalana de Constructores y Promotores de la Vivienda, Enric Reina(d), se saludan tras llegar a un preacuerdo sobre el plan de vivienda en Catalunya / Efe / Toni Garriga

El conseller Baltasar considera que el acuerdo es “similar” a las propuestas planteadas ayer por la Junta de Andalucía

06/09/2007 | Actualizada a las 21:03h

Barcelona. (Redacción y Agencias).- La Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda llegó a un acuerdo con los empresarios de la Federación Catalana de Promotores Constructores de Edificios (FECAPCE) sobre el futuro Pacto Nacional de la Vivienda en Catalunya, que rebaja la capacidad de construir pisos protegidos respecto del plan inicialmente presentado y que los promotores rechazaban.

No obstante, el conseller del área, Francesc Baltasar, se felicitó por la consecución del acuerdo, que calificó como una garantía de que se aborda “el primer problema social en Catalunya garantizando el acceso a la vivienda” y aseguró que el pacto actuará como “elemento de reactivación del sector de la construcción”.

El principal punto de discrepancia entre la Generalitat y los empresarios radicaba en la obligación de reservar el 20% del suelo a viviendas protegidas en las promociones privadas en suelo urbano consolidado en terrenos de más de 2.000 metros cuadrados. Finalmente, el acuerdo eleva esta obligación a partir de los 5.000 metros cuadrados.

Otro punto consiste en que la normativa que indica que el parque de viviendas protegidas debe ser del 15% en municipios de más de 3.000 habitantes, pasa a ser aplicable en municipios de más de 5.000 habitantes.

Además, los promotores podrán adjudicar directamente el 30% de las viviendas protegidas que construyan, mientras que hasta ahora la Generalitat adjudicaba la totalidad de pisos.

El acuerdo también incluye un apartado sobre el trato igualitario de la Administración a los promotores (tanto si se dedican en exclusiva a vivienda protegida como si no) y sobre el plazo durante el que un beneficiario de una vivienda protegida tiene vetada su venta.

Por otro lado, el pacto alcanzado recoge el compromiso de la Administración catalana asumirá el impago del alquiler de las viviendas protegidas promovidas por los empresarios privados para darles “las máximas garantías” ante el riesgo que correrían en los casos de inquilinos con ingresos bajos.

Baltasar aseguró que la firma formal del acuerdo está “próxima” y que, incluso podría producirse antes de que la ley de la vivienda sea aprobada en el Parlament, un extremo que no comparten los empresarios, que exigen la aceptación mayoritaria de los partidos políticos antes de suscribir un acuerdo escrito. No obstante, tanto el conseller como el presidente de la FECAPCE, Enric Reyna, se mostraron «convencidos» de que la ley será ratificada y aprobada por el Parlament y el responsable de la Conselleria manifestó que luchará para que pueda procederse a su firma “lo más pronto posible”.

A pesar de que Baltasar reconoció que podría firmarse el acuerdo sin la aprobación de CiU y PP, aseveró que “me resisto a creer que no vayan a estar presentes”, puesto que el pacto supone “una garantía de cohesión social en Catalunya”.

Reyna aplaudió que el texto del acuerdo haya sido diseñado pensando “a largo plazo” y no la duración de una legislatura, aunque reconoció que no han podido alcanzarse los compromisos a un horizonte de 20 años que pedía la federación.

Similar a la propuesta andaluza
Por otro lado, Baltasar señaló que las propuestas planteadas ayer por la Junta de Andalucía en materia de Vivienda “son muy similares” a las contenidas en el proyecto de ley catalán, a pesar de no figurar la propuesta de asegurar una vivienda a las personas cuyo sueldo no alcance los 3.000 euros.

En este sentido el conseller recordó que la Generalitat “hace tiempo que da subvenciones y ayudas en otras formas a los ciudadanos” e insistió en que, si bien no puede hablarse de copia, las propuestas andaluzas “no aportan nada nuevo al plan de Catalunya”.

Asimismo, el responsable del Govern matizó que los proyectos de ambas autonomías se deben observar teniendo en cuenta las “diferentes situaciones” en materia de estructura y precios de la vivienda en ambas regiones.

LA VANGUARDIA – 06-09-2007


Los eurodiputados se fijan un elevado sueldo y crean dietas por espera en aeropuerto

3 septiembre 2007

El salario mensual bruto es de 8.670,64 euros más nueve posibilidades de dietas y subvenciones – Parlamentarios del PP, PSOE, CiU e IU votan a favor, salvo Gil-Robles, Mendiluce y Laura González

CARLOS SEGOVIA

MADRID.- La institución que debe ejercer el control democrático en el complejo mundo de la Unión Europea no da ejemplo de austeridad.

 
 

El presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, informará el próximo jueves a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Salónica de la decisión de los eurodiputados de dotarse, por primera vez, de un Estatuto. El texto prevé un salario mensual, un sistema de pensiones y una amplia posibilidad de sobresueldos, -incluidas unas innovadoras dietas por espera en aeropuertos- muy por encima de la media laboral.

Los eurodiputados han aprobado un Estatuto que incluye un sueldo mensual bruto de 8.670,64 euros. Esta cantidad, igual para los 622 parlamentarios de los 15 países miembros y los que vengan, supone teóricamente perder dinero -se puede compensar con dietas- para los eurodiputados italianos, pero significa un fuerte incremento para la mayoría, incluidos los españoles, que, al cobrar hasta ahora en función de los parlamentos nacionales, ganan actualmente 2.618,78 euros al mes (ver información adjunta).

Los eurodiputados españoles del Partido Popular, el PSOE, Convèrgencia i Unió e Izquierda Unida apoyaron masivamente la votación del Estatuto que tuvo lugar el pasado día 4 sin apenas difusión en España.

Entre los asistentes, sólo rompieron la disciplina de voto el popular José María Gil-Robles, el aún diputado por el PSOE José María Mendiluce y Laura González, de IU.

También se abstuvo Carlos Bautista, del Partido Andalucista.Sólo Miguel Mayol (Esquerra Republicana) y Camilo Nogueira (Bloque Nacionalista Galego) votaron en contra, entre los parlamentarios españoles.

El grueso de los dos grandes partidos, el Popular Europeo y el Socialista respaldaron el Estatuto. El socialdemócrata alemán Willi Rothley actuó como ponente.

Laboristas y conservadores británicos, socialistas nórdicos, ultraderechistas franceses y el grueso de los Verdes figuraron entre los que votaron en contra.

Los gobiernos de los Quince tendrán la última palabra sobre si debe entrar en vigor el nuevo sistema, que contiene diversos ingresos.

Tipo fiscal del 20%

Los eurodiputados señalan en el Estatuto que ya no pagarán impuestos en sus países, sino que se acogerán al sistema fiscal comunitario. Según fuentes oficiales del Parlamento Europeo les corresponderá un tipo fiscal de en torno al 20%.La razón es que el tipo máximo del 45% está dirigido a funcionarios comunitarios que ganan mucho más dinero que los eurodiputados.Los jueces del Tribunal de Justicia de la UE, cobran el doble.

Sobresueldos

A pesar del salario, el Parlamento Europeo ha decidido no sólo mantener, sino ampliar la posibilidad de obtener sobresueldos con hasta nueve posibilidades distintas de ayudas y dietas si los Gobiernos aprueban el Estatuto Así lo decidió el pasado 28 de mayo la Mesa del Parlamento Europeo de la que forman parte, entre otros, el popular Alejo Vidal-Quadras, el socialista Joan Colom y Alonso Puerta, de IU.

Dietas de espera

La principal novedad son las llamadas «dietas de distancia y tiempo». Además de cubrir gastos de viaje y de manutención, el Parlamento Europeo considera justo compensar a los parlamentarios por la distancia que recorren en cada viaje de ida y vuelta «por trabajo o reunión». Se prevé pagar 20 euros por distancias de hasta 50 kilómetros; 10 céntimos por kilómetro entre 51 y 250 kilómetros; 5 céntimos por kilómetro si la distancia recorrida es entre 251 y 1.000 kilómetros; y, finalmente 0,025 euros si el eurodiputado recorre más de 1.000 kilómetros.

Pero también se ha decidido compensar al eurodiputado por el tiempo que le lleva desplazarse y las esperas que conlleva el trayecto. Se compensa el tiempo esperado en el aeropuerto o la estación, lo que lleva recoger las maletas y el rato invertido en taxi o en transporte urbano. Si realiza el viaje en coche se calcula que ha circulado a una media de 70 kilómetros por hora.

La dieta mínima por estos conceptos de espera es de 32,13 euros si ha llevado entre dos y cuatro horas llegar. Entre cuatro y seis horas se abonan 64,25 euros. Y, a partir de seis, 128,50 euros. El Parlamento asegura que tendrá en cuenta los tiempos normales de llegada desde el lugar de residencia declarado, pero fuentes no oficiales aseguran que se abonará más dinero en caso de que el vuelo, por ejemplo, haya llevado retraso.

Gastos de viaje

Se ha decidido compensar por viajar hasta cuatro veces en semana en avión en clase business y no económica como actualmente para reuniones oficiales. Si es para visitar a los votantes en el propio país, se conceden gastos para 24 viajes anuales de ida y vuelta en el interior del propio país. Además, se conceden otros 3.574 euros anuales, para viajes no oficiales por el mundo, como, por ejemplo, dar conferencias.

Otros

Se mantiene la concesión actual de 257 euros diarios por asistencia a reuniones y las dietas para contratación de asistentes y para gastos generales (ver gráfico).


Los españoles, los que menos ganan En el Parlamento Europeo se da el contrasentido de una fuerte disparidad de sueldos, pese a que el trabajo de los 622 eurodiputados debe ser similar.La razón es que, al no existir hasta ahora un Estatuto del Diputado europeo, cada uno cobra en función de los salarios de sus compañeros en los parlamentos nacionales. Y el resultado es que los eurodiputados italianos ganan 10.974, 66 euros mensuales, los alemanes, 7.009 y los franceses, 5.205,59. En esta clasificación, los españoles son los últimos, con un sueldo bruto de 2.618,78 euros mensuales aunque con 14 pagas.Incluso los portugueses (3.448,97 euros en 14 pagas) reciben más sueldo que sus compañeros ibéricos.Este desequilibrio se produce desde la misma adhesión de España en 1986. Pero, en vez de plantear abiertamente el problema, los eurodiputados españoles se han ido apañando gracias al sistema complementario de dietas y sobresueldos, que ha carecido de control durante años y que incluso ha recibido varapalos del Tribunal de Cuentas por la alta picaresca general que provocaba el sistema.

El último presidente español de la Eurocámara, José María Gil-Robles, intentó en 1998 y 1999 lanzar un Estatuto del Diputado que igualara los sueldos y limitara el espectáculo de las dietas. No lo logró.

EL MUNDO Martes, 17 de junio de 2003