¿Y por qué van a pagar los ricos?

DINEROJuan Francisco Martín Seco

Allá por los años sesenta, en cualquier manual de Hacienda Pública se distinguía entre rentas fundadas y rentas no fundadas, las que provenían del trabajo y las del capital. Era doctrina pacíficamente aceptada por izquierdas y derechas que las primeras deberían tributar menos que las segundas. Razones: las de trabajo se obtienen con más esfuerzo y, a igualdad de ingresos, las de capital son signo de una mayor capacidad económica, al contar con el respaldo del patrimonio que las genera.

Bajo la égida del neoliberalismo económico las cosas son totalmente distintas. Desde hace ya muchos años se pretende lo contrario. Las rentas de capital gozan de un claro privilegio sobre las de trabajo. No sólo porque las leyes fiscales las han ido favoreciendo con tipos más bajos o con mecanismos reductores —véase el trato fiscal concedido a las plusvalías o a los dividendos—, sino porque los grandes patrimonios, con la complicidad de las entidades financieras, han buscado siempre instrumentos con los que cometer fraude de ley burlando los gravámenes y consiguiendo la pasividad cuando no la complicidad del poder político. Todo ello, por supuesto, con la excusa de que el capital puede emigrar a otras latitudes. ¿Nos puede extrañar entonces que los trabajadores vayan reaccionando en contra de eso que llaman globalización o de proyectos como la Unión Europea, coartadas para conseguir que su parte de tarta disminuya poco a poco en beneficio del capital y de los empresarios?

Primero fue la opacidad de que gozaban todos los activos financieros con rendimiento implícito; después, los pagarés del Tesoro; más tarde, las primas únicas o las cesiones de crédito. Los instrumentos y las situaciones creadas han sido distintos. En unos casos se podía hablar de elusión, en otros, como en la cesión de créditos, directamente de fraude. Pero en todos ellos aparecen siempre unos caracteres comunes: la mano de la banca dispuesta a utilizar cualquier medio con tal de proteger los intereses de sus mejores clientes; un poder político propenso a plegarse a las exigencias de los que realmente mandan e incapaz de hacerles frente; amnistía cuando la situación es ya insostenible; unos términos y conceptos difíciles de entender para el público en general, y, sobre todo, la actuación de un partido político, CiU, convertido siempre en sindicato de los intereses económicos.

Ahora ha surgido el escándalo de las SICAV (sociedades de inversión colectiva). La creación de estas sociedades es antigua, data de mediados de los ochenta. En aquel momento, se esgrimió, como siempre, uno de esos tópicos tan en boga, capitalismo popular, propiciar el ahorro colectivo y que se pudiera canalizar hacia la Bolsa. Se partía de la dificultad que el pequeño ahorrador tiene para invertir directamente en los mercados financieros, por lo que se establecían estas sociedades intermedias a las que se concedía un trato fiscal favorable, de hecho tributan al 1% en lugar de al 35%, como el resto de las sociedades. A cambio, y para garantizar que se trataba de inversión colectiva, se les exigía que estuviesen constituidas por cien socios como mínimo y que cotizasen en Bolsa.

Todo empezó por una de tantas medidas injustas adoptadas en materia tributaria por el anterior Gobierno del Partido Popular, eliminar la obligación de cotizar en Bolsa. Se allanaba así el camino para el fraude fiscal. Muchas de estas sociedades dejaban de ser de inversión colectiva para convertirse en sociedades de inversión privada. Las grandes fortunas vieron en ellas el instrumento perfecto para administrar sus patrimonios sin pagar impuestos. El requisito de los cien socios se podía encubrir en todo caso con hombres de paja. La inspección detectó el fraude, al igual que ocurrió con las primas únicas o con la cesión de créditos, pero una vez más la presión de las fuerzas económicas logra su objetivo, y de la forma más bochornosa. Por primera vez en la historia fiscal de este país se conceden competencias en materia tributaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahora ya entendemos lo de la independencia de la Comisión: independiente de la soberanía popular, pero dependiente del poder económico.

Las trescientas actas pueden ir a la papelera. Otra amnistía para las grandes fortunas. De nuevo, los ricos de este país no tendrán que pagar impuestos durante toda su vida, sólo necesitan constituir con su patrimonio una SICAV particular. Bien es verdad que después de muertos tampoco tributarán, porque, tras eliminar el Impuesto de Sucesiones, el patrimonio íntegro pasará a sus hijos, que a su vez podrán constituir otra SICAV. Todo perfecto. Y ello bajo un Gobierno socialista que algunos dicen que es el más radical que ha existido. ¿Qué ocurrirá cuando retorne la derecha?

jesusinet Miércoles, 6 Julio 2005 21:34

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