¿Por qué hay tanta corrupción en España?

La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones

VÍCTOR LAPUENTE GINÉ 27/03/2009

Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?

Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en “nuestra cultura”. Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan “malas” culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.

Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería “la falta de regulación”, que “permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público”. Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?

Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una “deficiente contabilidad”, dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.

Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.

¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.

Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las “manos atadas” a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.

Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza “en propiedad” de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.

Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

El País – 27-03-2009
http://www.elpais.com/articulo/opinion/hay/corrupcion/Espana/elpepuopi/20090327elpepiopi_12/Tes

Debate sobre la corrupción (28-05-2008)

Debate sobre la corrupción 18-03-2009

Políticos y regalos

El traje: ¿regalo o soborno?

Sarkozy usa yates o aviones de amigos mientras un político danés apenas puede recibir un libro o chocolate – La tolerancia al compadreo da la talla moral de un país

FERNANDO PEINADO ALCARAZ 11/05/2009

dRecibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión.

Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión. Los trajes que la trama de empresas corruptas de Francisco Correa presuntamente regaló al presidente valenciano, Francisco Camps, abren en España un debate que se dirime en dos planos: el judicial, actualmente en curso, y el moral, más difícil de atrapar. Pero importante: ¿Puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su Administración adjudica contratos? Más allá de la voz de los jueces, la tolerancia de un país hacia esa promiscuidad también da el nivel de su talla ética.

En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avión privado y el yate del multimillonario Vincent Bolloré. El presidente Sarkozy, quien no tiene ningún reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: “No veo dónde está la polémica. Esto no le cuesta nada a los contribuyentes”, ha manifestado. A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposición sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con conjuntos valorados en 15.000 euros. El salario de Dati es de 14.000 euros al mes.

Otros países, como Dinamarca, aplican una política de tolerancia cero. El país escandinavo sólo permite recibir regalos de cortesía y protocolo como “una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado”, según los ejemplos que da la Autoridad del Empleo Público, un órgano que ha redactado un código ético común para los funcionarios daneses y que incentiva a los organismos públicos a ser aún más severos cuando lo crean necesario.

(…)

El País – 11-05-2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/traje/regalo/soborno/elpepisoc/20090511elpepisoc_1/Tes

Informe Auken: Europa descubre España

Por tercera vez la Unión Europea retrata la clamorosa situación de corrupción político-urbanística que se vive en España. Todo el mundo lo sabe, o como mínimo lo intuye, pero nadie hace ni dice nada porque los partidos políticos viven cómodamente instalados en la podredumbre. Y lo peor es que los medios de comunicación -con alguna excepción puntual- también callan. Sólo el desplome financiero y económico del sector hace frente a la corrupción.

Informe Auken : Informe redactado por la diputada danesa Marguete Auken

El gran saqueo : Artículo de Rafael Argullol en El País de 12 de mayo de 2009

Entrevista a Alejandro Nieto

Alejandro Nieto Catedrático de Derecho Administrativo, autor de “El desgobierno de lo público”

“Si no saben, son tontos, y si saben, son malos”

JUAN CRUZ 22/02/2009

Entre los libros de Alejandro Nieto (vallisoletano, de 78 años, catedrático de Derecho Administrativo) figuran varios sobre la corrupción y dos sobre desgobiernos que marcan la actualidad hoy: El desgobierno judicial y El desgobierno de lo público, ambos publicados por Ariel. Del último escribió aquí hace una semana (Babelia, 14.2.09) el académico Emilio Lledó. Dijo del libro de su compañero: “Hay en nuestro país tantas discusiones, cotilleos ridículos, que realmente resulta escandaloso y lamentable el que se ignorase este libro”. Y fuimos a hablar (también del desgobierno judicial: era el día de huelga de los jueces) con el profesor Nieto en su casa de Madrid.

P. ¿Qué pasa con los jueces?

R. Que los jueces se han hartado. Han reventado por un malestar que venía arrastrándose desde hace muchos años. Y que sus reivindicaciones, harto modestas, no han hallado eco. Hasta que ha venido un incidente, quizá menor, que ha sido la chispa que ha provocado el estallido en un recipiente cargado de materia inflamable. Lo decía un juez: el ministro los ha exasperado, no porque tenga mal talante, sino porque cuando han ido a hablar con él les ha echado con cajas destempladas, y como ya estaban de mal humor…

P. ¿Y ésa es la razón para una huelga?

R. La razón es el desgobierno judicial. La Administración de Justicia estaba funcionando mal, y de eso tienen sólo parte de culpa los jueces. La mayor parte de la culpa es de los Gobiernos sucesivos. Y los jueces se sienten muy dolidos porque el desprestigio público cae sobre ellos… Y se han roto las reglas del juego constitucional. Es decir, el trabajo de los jueces se desdobla: por un lado está el servicio de la administración de la justicia y por otro lado se sitúa el poder judicial constitucional. El Ejecutivo se ha cargado el poder judicial, rompiendo por completo su independencia. Ese material explosivo ha explotado en las últimas semanas.

P. ¿Y la cacería ha sido una chispa?

R. No creo. Es una anécdota que posiblemente se olvide pronto. Pero es significativa: ha puesto ante los ojos del país la impunidad que tienen el ministro y el juez. Es una prueba para los que saben que eso existe, y es material para los que se están defendiendo de una causa política, el Partido Popular. Un regalo que les han hecho al alimón Bermejo y Garzón… Quién puede resistir la tentación de agarrarse a esto

P. ¿Y qué porvenir tiene para el PP ese clavo ardiendo?

R. Mínimo. No sabemos (y no lo sabremos hasta que haya sentencia) si estas corrupciones de que se acusa a personas, algunas vinculadas al PP, son ciertas o no. En plan particular se puede decir que ahí hay un montón de delitos. Pero eso lo podemos decir nosotros, no lo puede decir una autoridad pública… Lo que sucede es que delitos similares se están cometiendo en casi todos los Ayuntamientos. De lo que se les acusa al ministro y, fundamentalmente, a Garzón es de que sólo apuntan en este momento a las corrupciones del PP. Si el PP se defendiera aludiendo las corrupciones del PSOE, de IU o la del 3% catalán del que ya no se habla, es posible que el incendio se apagase, porque todos los partidos tienen el tejado de vidrio… Y es lógico, el dinero no tiene color político, se hacen corrupciones a quien se deja.

P. Qué panorama.

R. Se deja, y con mucho gusto, el PP, y muchos del PSOE. Si se tira demasiado de la cuerda hay riesgo de que se hunda el tejado para todos. En Cataluña hubo el escándalo del 3%, y a los tres días tuvieron una reunión, y hoy no se vuelve a hablar de eso. Y si no fuera por las elecciones, hoy es posible que hubiera un pacto secreto entre los dos partidos dominantes…

P. ¿¡Un pacto para silenciar algo que está en manos de la justicia!?

R. La justicia hará lo que diga el ministro, cazador o no cazador, siempre fue así.

P. Distingue usted entre corrupción (aunque no haya condena) y delito de corrupción. ¿Ante qué estamos ahora?

R. De momento estamos ante una corrupción que se convertirá en delito cuando venga el juez y diga: “Esto es un delito”. Ahora hay indicios de que hay un delito porque eso lo ha dicho un juez.

P. Usted dice algo que parece alarmante como diagnóstico: “La sociedad española en líneas generales es indiferente a la corrupción pública”.

R. Y la prueba es que han continuado. Se decía: “Después del caso Filesa se van a tentar mucho la ropa”. Y las cosas han seguido igual.

P. ¿Y no se va a acabar?

R. Acabará la corrupción cuando no haya dinero que repartir. No pueden robar los que no están cerca de los caudales públicos. Pero quien está cerca de la tentación puede caer en ella.

P. ¿En qué debemos confiar para que la corrupción se acabe?

R. ¡En la intervención directa del Espíritu Santo! La corrupción no se terminará, como no se terminó después de Filesa, y hubo condenas. No se puede terminar porque hay conciencia de la impunidad.

P. Dice usted que “los más grandes extorsionadores de los ciudadanos son los partidos políticos”.

R. Y lo reafirmo. He escrito un libro entero sobre eso, Corrupción en la España democrática. Ahí argumento que los partidos políticos generan un clima de corrupción tremendo: gastan diez veces más de lo que ganan. Así que la parte más sustancial de sus tesorerías tiene que venir de malos sitios, concretamente, de la corrupción… Las cuentas de los partidos son oscurísimas. Yo estuve 10 años en la Junta Electoral Central, allí veíamos esto, la tremenda desproporción de ingresos y gastos. Pero la Junta no se atrevió a decir: “Vamos a ver las cuentas con detalle…”. Pero quién interviene a los partidos políticos, si son los que mandan…

P. ¿A usted le suena lo que sucede ahora en Boadilla y en Valencia a financiación corrupta de partido político?

R. Me suena, pero no me atrevo a afirmarlo, como es lógico. Tengo las vehementísimas sospechas e incluso la certidumbre de que ahí ha habido corrupciones. Lo más difícil es probar el camino del dinero desde aquel que cobra hasta la caja del partido. O sea, salvo que sean absolutamente tontos, borran las huellas del primer delito… Por eso puede haber absoluciones y por eso puede haber tribunales que estén moralmente convencidos de que el dinero o parte del dinero ha terminado en las cajas del PP o del partido que sea, y aun así hay absolución… Dentro de 10 años o así hablamos.

P. El PP no aprovecha para aclarar. Culpa al juez y a la prensa.

R. No echa la culpa. Dice: “Tú también lo haces”. No es lo mismo, pero es igual de perverso. Es una maniobra de oscurecimiento para ver si alguien pica.

P. En esto de la corrupción decía usted que si los de arriba saben…

R. No. Lo que decía es que si no se han enterado de lo que pasa en su casa son tontos, y si se han enterado y callan son malos, por cuanto que son cómplices o encubridores.

P. ¿Son tontos o son malos?

R. Yo no creo en la inocencia de un político, como opinión rigurosamente personal. Si yo fuera juez no condenaría a alguien sin unas pruebas, pero como no soy juez me puedo permitir el lujo de manifestar mis vivísimas sospechas… Ahora debo decirle algo que me ha impresionado mucho de este episodio.

P. ¿Qué es?

R. Lo dijo Rajoy en televisión esta semana: ponía su honorabilidad sobre la mesa y declaraba que el PP no se financiaba ilegalmente. Ésta es una declaración tremenda, porque como un día salga de manera irrecusable lo contrario no podría seguir en su puesto ni un minuto más. Rajoy es un hombre inteligente y conoce las leyes. De modo que o tiene una seguridad asombrosa o es de una asombrosa temeridad. -

© Diario EL PAÍS S.L.

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saben/tontos/saben/malos/elpepusocdmg/20090222elpdmgrep_2/Tes

The Wire

La mejor serie de televisión de todos los tiempos. Imprescindible.

¡La Liga Norte son ustedes!

SABATINAS INTEMPESTIVAS

¡La Liga Norte son ustedes!

Gregorio Morán  - 24/05/2008

¿Alguien se imagina, desde la izquierda, quién podría votar a cualquiera de esos genios apalancados?

Después de leer la lista, tan generosa como divertida, de los informes encargados por las diversas consejerías de la Generalitat a las lumbreras autóctonas – ¡cuánto talento, qué cantidad de masa encefálica estaba escondida esperando su oportunidad! ¡La chufa y el murciélago y los juguetes no sexistas! ¡Y lo del mercado discográfico latinoamericano y China, que nos estaban esperando, ay, a nosotros, los chicos más listos de la Península!-, sólo echo a faltar uno que podría haber solicitado la propia Presidència. Sería la respuesta a una pregunta, breve y rotunda: ¿Por qué lo estamos haciendo todo tan rematadamente mal? Habría que empezar pues explicando las razones, o las casualidades, o las inclinaciones, o vaya usted a saber qué, que consienten que una sociedad equilibrada esté gobernada por una pandilla de desequilibrados, en muchos casos con el añadido de incompetentes. Y lamento la rotundidad del juicio. ¿Qué más quisiera yo que no tener que usarlo? También a mí me gustaría de vez en cuando escribir artículos en el estilo barcelonés, que precisando más llamaría estilo Sarrià-Sant Gervasi….

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El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó en 2007 contratos a dedo por 22 millones

CiU lamenta la práctica y Carnes dice que es legal al tratarse de sumas bajas

ÀNGELS PIÑOL - Barcelona – 28/06/2008

El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó en 2007 contratos a dedo por 22 millones de euros. La ley ampara al Consistorio porque eran de menor cuantía (inferiores a 12.000 euros o entre esta suma y 30.000 euros) y no necesitan pasar por concurso público. Jordi William Carnes, tercer teniente de alcalde, cree que los 22 millones son razonables porque sólo representan el 15% del volumen total de contratación del Consistorio de 2007, que ascendió a 145 millones de euros, y que no es nada comparado con el presupuesto global de la institución: 2.400 millones. Pero Convergència i Unió (CiU) puso el grito en el cielo. El convergente Antoni Vives sostiene que el 90% de los contratos de la Casa Gran de 2007 no pasaron por ningún concurso. “Es un escándalo de procedimiento”, dijo Vives en el pleno de ayer.

Las cifras divergen porque el gobierno municipal y el principal grupo de la oposición manejan baremos distintos. Carnes sostiene que se adjudicaron por concurso contratos por 67 millones de euros (46%); 54 millones (37%) por procedimiento negociado -el Ayuntamiento elige varias empresas y escoge la oferta que más le convence- y asignó directamente por 22 millones (15%) por ser de cuantía menor. En este último capítulo se incluyen tanto los contratos inferiores a 12.000 euros -suelen ser para suministrar material- y los que oscilan entre 12.000 y 30.000 euros, que son para hacer obras como, por ejemplo, reformas en una escuela.

Tras el pleno, Carnes tildó de desproporcionada la crítica de Vives al subrayar que éste admitió que todo era legal. “No hay nada perverso. El interventor no ha puesto ninguna objeción. Cuando tenemos que adjudicar grandes contratas, como la de la limpieza, lo hacemos por concurso, pero hay muchas pequeñas cosas que no hace falta y que son para el funcionamiento ordinario de un distrito. Colapsaríamos la Administración si no lo hiciéramos así”, dijo y planteó. “¿Hay que convocar un concurso para construir la carpa de una fiesta? ¿Y para una cena para una residencia de ancianos?”. El importe medio de esos contratos es de 3.900 euros.

Pero CiU hace este planteamiento: calcula que más de la mitad del volumen contratado es a dedo al sumar los de cuantía menor (22 millones) con los negociados (54 millones). “Y este último, en argot municipal, es cuando se presentan el solista y los mariachis”, dijo Vives insinuando que se conoce el adjudicatario. Y puso como ejemplo a Barcelona Serveis Municipals (BSM): de 5.800 contratos en 2007, 50 pasaron por concurso. Carnes replicó: “Olvidan que es una sociedad mercantil y busca agiliza las obras”.

“Hay que ser transparenctes. Hay que ajustarse a la ley y alinearte con lo que defiendes. Hay mucha diferencia entre lo que se dice y se hace. Y es un reflejo de su forma de gobernar”, señaló Vives. Xavier Mulleras, del PP, acusó al gobierno de “snob” por tener un hotel como el de Miramar, donde un café cuesta cuatro euros. Mulleras exhibió la factura y Carnes replicó que el porcentaje de acciones en ese hotel es mínimo. “En la exageración tiene que haber un punto de mesura”, dijo Joaquim Mestre, de Iniciativa.

El debate del cierre presupuestario de 2007 reflejó una vez más las gélidas relaciones entre el equipo de Jordi Hereu y CiU, culminadas en una propuesta -aprobadas con los votos de CiU, el PP y ERC- para que cumpla las decisiones que el Pleno tome por mayoría, como la paralización de la montaña rusa del Tibidabo.

EL PAÍS – 28-06-2008

El Gobierno acusa a los municipios de vulnerar la ‘ley anticorrupción’

Los ayuntamientos no publican la declaración de bienes de alcaldes y ediles

L. R. AIZPEOLEA - Madrid – 21/06/2008

Los consistorios españoles no aplican todavía la Ley de Suelo vigente desde mayo de 2007 que les obliga a hacer públicas las declaraciones de bienes de sus alcaldes y concejales. Los ayuntamientos se escudan en que no se ha regulado aún el instrumento jurídico necesario, llamado Estatuto municipal, para aplicar esa medida contra la corrupción.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus concejales y directivos -sólo Gijón y Sevilla lo hacen en toda España- están vulnerando las medidas contra la corrupción recogidas en la Ley del Suelo. Corredor considera que sí existen instrumentos jurídicos para aplicar la Ley y recordó que los concejales tienen la obligación de hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles.

Los municipios se amparan en que la disposición adicional novena de la Ley del Suelo señala que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los “términos fijados en el Estatuto municipal”. Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Régimen Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció una “persecución implacable” y un “castigo sin paliativos” a los responsables de la corrupción urbanística, en alusión al escándalo destapado esta semana en Estepona (Málaga).

Los gobiernos municipales consultados por EL PAÍS esgrimen la falta de base jurídica para hacer pública la declaración de bienes de alcaldes y concejales.

- Castellón: “Cuestiones legales por solucionar”. En Castellón, el vicealcalde Javier Moliner, aseguró ayer que el secretario del Ayuntamiento ya les notificó la futura exigencia de hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades no sólo de los concejales sino también de varios funcionarios. Sin embargo, según indicó, el consistorio considera que la disposición aún no ha entrado en vigor ya que “había alguna cuestión legal que se tenía que solucionar”, en referencia a la ausencia de la figura jurídica que debe recoger la Ley de Régimen Local.

- Bilbao. “Nadie sabe cómo hacerlo público”. En Bilbao, los 29 concejales de la corporación realizan una declaración anual de sus bienes y actividades, que se entrega al secretario municipal, quien tiene todos los datos en un libro de registro, informó un portavoz del consistorio bilbaíno. Aseguró que, por este lado, se cumple lo establecido en la Ley del Suelo pero lo que no se realiza es la publicación anual de estos datos, porque “la Ley del Suelo no explica cómo hacerlo público. Nadie sabe cómo hacerlo”, señaló el mismo portavoz, quien recordó que hace unos años el Ayuntamiento de Jerez publicó los datos en su página web “y se montó un cristo”. El Ayuntamiento bilbaíno reprocha al Gobierno central que no haya desarrollado este aspecto de la normativa pero reiteró que si un ministerio u otras entidades lo piden, “ahí tienen los datos”, informa Alberto Uriona.

- Sevilla: Los concejales y también los altos cargos. El Ayuntamiento de Sevilla, que ya colgó en octubre de 2006 en su web sevilla.org los bienes del alcalde y sus concejales, antes de que se aprobara la ley, amplió este año la obligación de hacer públicos sus bienes a todos los altos cargos del Ayuntamiento, más de 100 personas. A falta de una normativa sobre dónde hacerlos públicos, Sevilla ha optado por volver a hacerlo en su propia web. Según un portavoz, ahora se está terminando el proceso de recogida de datos y las declaraciones estarán en Internet en breve, informa Reyes Rincón.

- Galicia: declaraciones de bienes. En A Coruña, los alcaldes y concejales realizan una declaración de bienes y actividades al comenzar y finalizar su mandato. Los ediles, según establece la ley, también están obligados a informar de cualquier modificación durante su permanencia en la corporación municipal. No existe un registro público, pero cualquier ciudadano, según el Ayuntamiento, puede solicitar copia. También en Vigo, disponible con una petición en la secretaría del Ayuntamiento. El alcalde, el socialista Abel Caballero, la tiene colgada en la web municipal, informa Paola Obelleiro.

Por otra parte, la ministra de la Vivienda dio por acabado el boom inmobiliario que ha durado un lustro. Durante esta etapa, el precio de las viviendas ha subido más del 10% cada año. Corredor aseguró ayer que se está produciendo la “vuelta a la normalidad” de los precios, un “ajuste” que calificó de “previsible, deseable y necesario”. Los últimos datos del Ministerio de Vivienda apuntan a un crecimiento interanual del 4% del valor de los pisos, lo que en términos reales supone un leve descenso. “Era injustificable que se pudieran seguir construyendo cientos de miles de viviendas a los precios en los que se hacían y que a la inmensa mayoría de los ciudadanos les siguiera resultando imposible acceder a ellas”, aseguró.

La Ley del Suelo Art. 75.7 modificado

- “Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades”.

- “Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho”.

- “Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal”.

- “Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público”.

EL PAÍS – 21-06-2008