Políticos y regalos

El traje: ¿regalo o soborno?

Sarkozy usa yates o aviones de amigos mientras un político danés apenas puede recibir un libro o chocolate – La tolerancia al compadreo da la talla moral de un país

FERNANDO PEINADO ALCARAZ 11/05/2009

dRecibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión.

Recibir ciertos regalos de ciertos amigos puede acarrear el fin de una carrera política: la luna de miel que le pagó un empresario al ministro alemán de Baja Sajonia, Gerhard Glogowski, le costó el puesto. La cocina y el sistema de aire acondicionado que instalaron unos contratistas gratuitamente en el chalé del gobernador estadounidense de Connecticut, John Rowland, forzaron su dimisión. Los trajes que la trama de empresas corruptas de Francisco Correa presuntamente regaló al presidente valenciano, Francisco Camps, abren en España un debate que se dirime en dos planos: el judicial, actualmente en curso, y el moral, más difícil de atrapar. Pero importante: ¿Puede y debe un alto cargo seguir en su puesto tras recibir regalos de personas a las que su Administración adjudica contratos? Más allá de la voz de los jueces, la tolerancia de un país hacia esa promiscuidad también da el nivel de su talla ética.

En Francia, por ejemplo, Nicolas Sarkozy usa en sus vacaciones el avión privado y el yate del multimillonario Vincent Bolloré. El presidente Sarkozy, quien no tiene ningún reparo en exhibirse con sus amigos empresarios, no comprende el recelo que despierta su conducta entre sus compatriotas: “No veo dónde está la polémica. Esto no le cuesta nada a los contribuyentes”, ha manifestado. A su ministra de Justicia, Rachida Dati, Dior le pone a su disposición sin coste alguno un amplio guardarropa, que le permite vestirse con conjuntos valorados en 15.000 euros. El salario de Dati es de 14.000 euros al mes.

Otros países, como Dinamarca, aplican una política de tolerancia cero. El país escandinavo sólo permite recibir regalos de cortesía y protocolo como “una tableta de chocolate, un libro, o una botella de vino con ocasión del 25 aniversario de servicio público de un determinado empleado”, según los ejemplos que da la Autoridad del Empleo Público, un órgano que ha redactado un código ético común para los funcionarios daneses y que incentiva a los organismos públicos a ser aún más severos cuando lo crean necesario.

(…)

El País – 11-05-2009

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/traje/regalo/soborno/elpepisoc/20090511elpepisoc_1/Tes

Informe Auken: Europa descubre España

Por tercera vez la Unión Europea retrata la clamorosa situación de corrupción político-urbanística que se vive en España. Todo el mundo lo sabe, o como mínimo lo intuye, pero nadie hace ni dice nada porque los partidos políticos viven cómodamente instalados en la podredumbre. Y lo peor es que los medios de comunicación -con alguna excepción puntual- también callan. Sólo el desplome financiero y económico del sector hace frente a la corrupción.

Informe Auken : Informe redactado por la diputada danesa Marguete Auken

El gran saqueo : Artículo de Rafael Argullol en El País de 12 de mayo de 2009

Entrevista a Alejandro Nieto

Alejandro Nieto Catedrático de Derecho Administrativo, autor de “El desgobierno de lo público”

“Si no saben, son tontos, y si saben, son malos”

JUAN CRUZ 22/02/2009

Entre los libros de Alejandro Nieto (vallisoletano, de 78 años, catedrático de Derecho Administrativo) figuran varios sobre la corrupción y dos sobre desgobiernos que marcan la actualidad hoy: El desgobierno judicial y El desgobierno de lo público, ambos publicados por Ariel. Del último escribió aquí hace una semana (Babelia, 14.2.09) el académico Emilio Lledó. Dijo del libro de su compañero: “Hay en nuestro país tantas discusiones, cotilleos ridículos, que realmente resulta escandaloso y lamentable el que se ignorase este libro”. Y fuimos a hablar (también del desgobierno judicial: era el día de huelga de los jueces) con el profesor Nieto en su casa de Madrid.

P. ¿Qué pasa con los jueces?

R. Que los jueces se han hartado. Han reventado por un malestar que venía arrastrándose desde hace muchos años. Y que sus reivindicaciones, harto modestas, no han hallado eco. Hasta que ha venido un incidente, quizá menor, que ha sido la chispa que ha provocado el estallido en un recipiente cargado de materia inflamable. Lo decía un juez: el ministro los ha exasperado, no porque tenga mal talante, sino porque cuando han ido a hablar con él les ha echado con cajas destempladas, y como ya estaban de mal humor…

P. ¿Y ésa es la razón para una huelga?

R. La razón es el desgobierno judicial. La Administración de Justicia estaba funcionando mal, y de eso tienen sólo parte de culpa los jueces. La mayor parte de la culpa es de los Gobiernos sucesivos. Y los jueces se sienten muy dolidos porque el desprestigio público cae sobre ellos… Y se han roto las reglas del juego constitucional. Es decir, el trabajo de los jueces se desdobla: por un lado está el servicio de la administración de la justicia y por otro lado se sitúa el poder judicial constitucional. El Ejecutivo se ha cargado el poder judicial, rompiendo por completo su independencia. Ese material explosivo ha explotado en las últimas semanas.

P. ¿Y la cacería ha sido una chispa?

R. No creo. Es una anécdota que posiblemente se olvide pronto. Pero es significativa: ha puesto ante los ojos del país la impunidad que tienen el ministro y el juez. Es una prueba para los que saben que eso existe, y es material para los que se están defendiendo de una causa política, el Partido Popular. Un regalo que les han hecho al alimón Bermejo y Garzón… Quién puede resistir la tentación de agarrarse a esto

P. ¿Y qué porvenir tiene para el PP ese clavo ardiendo?

R. Mínimo. No sabemos (y no lo sabremos hasta que haya sentencia) si estas corrupciones de que se acusa a personas, algunas vinculadas al PP, son ciertas o no. En plan particular se puede decir que ahí hay un montón de delitos. Pero eso lo podemos decir nosotros, no lo puede decir una autoridad pública… Lo que sucede es que delitos similares se están cometiendo en casi todos los Ayuntamientos. De lo que se les acusa al ministro y, fundamentalmente, a Garzón es de que sólo apuntan en este momento a las corrupciones del PP. Si el PP se defendiera aludiendo las corrupciones del PSOE, de IU o la del 3% catalán del que ya no se habla, es posible que el incendio se apagase, porque todos los partidos tienen el tejado de vidrio… Y es lógico, el dinero no tiene color político, se hacen corrupciones a quien se deja.

P. Qué panorama.

R. Se deja, y con mucho gusto, el PP, y muchos del PSOE. Si se tira demasiado de la cuerda hay riesgo de que se hunda el tejado para todos. En Cataluña hubo el escándalo del 3%, y a los tres días tuvieron una reunión, y hoy no se vuelve a hablar de eso. Y si no fuera por las elecciones, hoy es posible que hubiera un pacto secreto entre los dos partidos dominantes…

P. ¿¡Un pacto para silenciar algo que está en manos de la justicia!?

R. La justicia hará lo que diga el ministro, cazador o no cazador, siempre fue así.

P. Distingue usted entre corrupción (aunque no haya condena) y delito de corrupción. ¿Ante qué estamos ahora?

R. De momento estamos ante una corrupción que se convertirá en delito cuando venga el juez y diga: “Esto es un delito”. Ahora hay indicios de que hay un delito porque eso lo ha dicho un juez.

P. Usted dice algo que parece alarmante como diagnóstico: “La sociedad española en líneas generales es indiferente a la corrupción pública”.

R. Y la prueba es que han continuado. Se decía: “Después del caso Filesa se van a tentar mucho la ropa”. Y las cosas han seguido igual.

P. ¿Y no se va a acabar?

R. Acabará la corrupción cuando no haya dinero que repartir. No pueden robar los que no están cerca de los caudales públicos. Pero quien está cerca de la tentación puede caer en ella.

P. ¿En qué debemos confiar para que la corrupción se acabe?

R. ¡En la intervención directa del Espíritu Santo! La corrupción no se terminará, como no se terminó después de Filesa, y hubo condenas. No se puede terminar porque hay conciencia de la impunidad.

P. Dice usted que “los más grandes extorsionadores de los ciudadanos son los partidos políticos”.

R. Y lo reafirmo. He escrito un libro entero sobre eso, Corrupción en la España democrática. Ahí argumento que los partidos políticos generan un clima de corrupción tremendo: gastan diez veces más de lo que ganan. Así que la parte más sustancial de sus tesorerías tiene que venir de malos sitios, concretamente, de la corrupción… Las cuentas de los partidos son oscurísimas. Yo estuve 10 años en la Junta Electoral Central, allí veíamos esto, la tremenda desproporción de ingresos y gastos. Pero la Junta no se atrevió a decir: “Vamos a ver las cuentas con detalle…”. Pero quién interviene a los partidos políticos, si son los que mandan…

P. ¿A usted le suena lo que sucede ahora en Boadilla y en Valencia a financiación corrupta de partido político?

R. Me suena, pero no me atrevo a afirmarlo, como es lógico. Tengo las vehementísimas sospechas e incluso la certidumbre de que ahí ha habido corrupciones. Lo más difícil es probar el camino del dinero desde aquel que cobra hasta la caja del partido. O sea, salvo que sean absolutamente tontos, borran las huellas del primer delito… Por eso puede haber absoluciones y por eso puede haber tribunales que estén moralmente convencidos de que el dinero o parte del dinero ha terminado en las cajas del PP o del partido que sea, y aun así hay absolución… Dentro de 10 años o así hablamos.

P. El PP no aprovecha para aclarar. Culpa al juez y a la prensa.

R. No echa la culpa. Dice: “Tú también lo haces”. No es lo mismo, pero es igual de perverso. Es una maniobra de oscurecimiento para ver si alguien pica.

P. En esto de la corrupción decía usted que si los de arriba saben…

R. No. Lo que decía es que si no se han enterado de lo que pasa en su casa son tontos, y si se han enterado y callan son malos, por cuanto que son cómplices o encubridores.

P. ¿Son tontos o son malos?

R. Yo no creo en la inocencia de un político, como opinión rigurosamente personal. Si yo fuera juez no condenaría a alguien sin unas pruebas, pero como no soy juez me puedo permitir el lujo de manifestar mis vivísimas sospechas… Ahora debo decirle algo que me ha impresionado mucho de este episodio.

P. ¿Qué es?

R. Lo dijo Rajoy en televisión esta semana: ponía su honorabilidad sobre la mesa y declaraba que el PP no se financiaba ilegalmente. Ésta es una declaración tremenda, porque como un día salga de manera irrecusable lo contrario no podría seguir en su puesto ni un minuto más. Rajoy es un hombre inteligente y conoce las leyes. De modo que o tiene una seguridad asombrosa o es de una asombrosa temeridad. -

© Diario EL PAÍS S.L.

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saben/tontos/saben/malos/elpepusocdmg/20090222elpdmgrep_2/Tes

«Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción, financia a los partidos políticos»

«El acuerdo se está rompiendo; un juez francotirador sacó un caso, y van otros en cascada, por la crispación política; pero volverá el silencio»

Alejandro Nieto CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EX DIRECTOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Lucía S. NAVEROS

Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua. Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».

-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.

-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.

-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial… quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.

Sábado 27 de enero de 2007 – La Nueva España http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1530&pIdSeccion=31&pIdNoticia=486749

Sentencia: no hay obligación de identificar a los usuarios de P2P

Bruselas considera que las telefónicas no tienen obligación de identificar a los usuarios del P2P

La sentencia europea procede de una denuncia de Promusicae contra Telefónica, a quien pedía los datos personales de sus clientes

AGENCIAS - Madrid – 29/01/2008

Las empresas telefónicas no están obligadas a ceder a la asociación de productores y editores de música de España (Promusicae) los datos de sus usuarios que realizan descargas de música, según se deduce de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.Los jueces europeos han concluido que “el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil”. El dictamen del Tribunal se emite en relación con una denuncia de Promusicae contra Telefónica, en un caso elevado por un tribunal de Madrid a los jueces europeos.Promusicae había solicitado por vía judicial a Telefónica que le comunicase los usuarios de Internet a los que había identificado a través de las denominadas direcciones IP, así como la fecha y hora de su conexión. La asociación alegaba que estos clientes se habían bajado, a través del programa Kazaa, archivos musicales sobre los que sus miembros tienen derechos de autor y de licencia, y reclamaba la información para ejercer contra ellos las correspondientes acciones civiles.

Telefónica alegó que, conforme a la legislación española, la comunicación de los datos solicitados por Promusicae sólo estaba autorizada en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y de la defensa nacional y no en el marco de un proceso civil. El caso acabó ante el TUE por una cuestión prejudicial que planteó el juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid.

No excluye la posibilidad, pero no impone el deber

La sentencia señala que, entre las excepciones permitidas por la legislación comunitaria sobre protección de datos personales, figuran las medidas necesarias para la protección de los derechos y libertades de otras personas. En consecuencia, no se excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan el deber de divulgar datos personales en un procedimiento civil. Pero tampoco obliga a los Estados miembros a imponer tal deber.

En cuanto a la normativa europea en materia de propiedad intelectual, el TUE constata que tampoco obliga a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales en el marco de un procedimiento civil con objeto de garantizar una protección efectiva de los derechos de autor.

Por esta razón, la sentencia señala que este conflicto plantea la cuestión de la necesaria conciliación de las exigencias relacionadas con la protección de distintos derechos fundamentales, a saber, por una parte, el derecho al respeto de la intimidad y, por otra parte, los derechos a la protección de la propiedad y a la tutela judicial efectiva.

El TUE concluye que los Estados miembros, a la hora de adaptar su legislación a las directivas en materia de propiedad intelectual y de protección de datos personales, “deben basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario”.

Además, a la hora de aplicar estas normas, la sentencia recomienda a los tribunales de los Estados miembros “no sólo interpretar su derecho nacional de conformidad con dichas directivas, sino también procurar que la interpretación de éstas que tomen como base no entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad”.

EL PAÍS – 29-01-2008

http://www.elpais.com/articulo/internet/Bruselas/considera/telefonicas/tienen/obligacion/identificar/usuarios/P2P/elpeputec/20080129elpepunet_5/Tes

Insultar en el ‘blog’ se paga

Varias sentencias judiciales empiezan a poner coto a la impunidad en la Red – Los casos de ‘cibervandalismo’ obligan a muchas páginas a moderar el ‘tráfico’

M. R. SAHUQUILLO / R. MUÑOZ - Madrid – 23/10/2007

Insultos, comentarios ofensivos o incluso publicidad engañosa. Mensajes que buscan intencionadamente provocar la reacción del autor del blog o de los otros comentaristas. Son los llamados troll, y buscan desde divertirse hasta molestar al blogger o desviar la discusión que se está manteniendo. El mundo blog, el universo que ha permitido a millones de personas compartir opiniones, aportar datos o explicar sus vivencias personales, empieza a mostrar su lado más vulnerable. Los casos de juicios por injurias, acoso, problemas empresariales aireados, empiezan a proliferar. Y la impunidad de la que se ha gozado hasta ahora empieza a resquebrajarse.

Dos sentencias en Reino Unido acaban de reabrir la polémica sobre la responsabilidad de los comentarios anónimos que se vierten en las webs. El presidente y los máximos directivos del club de fútbol inglés Sheffield Wednesday han ganado una demanda que obliga a los propietarios de una web a identificar a los autores de una serie de comentarios ofensivos contra ellos.

En concreto, el juez condena al dueño de la página aowstalk.co.uk a desenmascarar la identidad de tres fans del equipo que, bajo apodos como halfpint (media pinta), habían mostrado su insatisfacción por la marcha del club, cargando contra los directivos mediante unos comentarios en los que se les acusaba de “avaricia, egoísmo, desconfianza y deshonestidad”, según publicó ayer el periódico británico The Guardian. Eso sí, el magistrado ha desestimado la identificación de otros ocho fans al entender que sus comentarios eran simples bromas.

Otra sentencia de la pasada semana condenaba a John Finn, propietario de la firma inmobiliaria Pallion Housing, al considerarle responsable del lanzamiento de una campaña mediante comentarios anónimos colgados en distintas páginas en Internet contra su rival Gentoo Group, sus empleados y su dueño, Peter Walls.

En España, los tiros apuntan hacia otro lado. Las denuncias se dirigen mayoritariamente hacia las páginas web o los bloggers, en lugar de hacia los participantes en los foros. Así ocurre en los tres casos abiertos en los tribunales por denuncias sobre comentarios colgados en webs. El más reciente es la sentencia de un juzgado de primera instancia de Madrid que condenó en septiembre a pagar 6.000 euros a un presunto responsable de la web alasbarricadas.org por los comentarios anónimos vertidos contra José Ramón Julio Márquez, el cantante Ramoncín.

El abogado Carlos Sánchez Almeida, cuyo bufete lleva el caso, critica la sentencia porque, al contrario de lo sucedido en Reino Unido, en ningún momento “al demandante le interesó saber quiénes eran los verdaderos autores de los comentarios y no hizo el más mínimo esfuerzo por investigarlo”. Ramoncín contrató a un detective privado para averiguar quién o quiénes eran los propietarios de la web. “Pero, ante la falta de pruebas, la juez ha condenado a la persona que registró el dominio, que ni siquiera era el administrador de la página (webmaster), sabiendo que en cuanto se tuvo conocimiento de esos comentarios ofensivos, fueron retirados”, dice Sánchez Almeida.

El condenado, que prefiere aparecer como Jordi, señala que el fallo “es surrealista”. “Me condena por unos comentarios que se hicieron en una sección sobre la que nadie tiene ningún control, que está a disposición de la gente que quiere dar su opinión”, dice. Alasbarricadas.org ha recaudado ya 5.700 euros de donaciones de internautas para el pago de la multa, aunque la sentencia ha sido recurrida.

En España, todos los implicados coinciden en que la inseguridad jurídica acerca de estos casos es absoluta. Los jueces, en primera instancia, están aplicando la legislación penal de intromisión al honor o de propiedad intelectual, mientras que los representantes de las páginas web demandadas exigen que se aplique la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

Esta ley recoge una directiva comunitaria que señala que los propietarios de las páginas web no son responsables de los comentarios que se vierten en ellas, salvo que, cuando tengan conocimiento de que esas opiniones son ilícitas, no los retiren rápidamente. La directiva deja claro que los responsables de las webs no están obligados a supervisar los contenidos, es decir, no establece la figura de un moderador.

También se encuentra recurrido ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a la Asociación de Internautas (AI) a pagar 36.000 euros a la Sociedad General de Autores y Editores por alojar la web putaSGAE.org, al considerar que la página constituía una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor.

“Se trata de un intento de amedrentar a Internet en su conjunto, ya que la sentencia carga la responsabilidad a los proveedores de servicios -la AI sólo ofrecía el alojamiento de la página- y no a los autores directos de los contenidos”, señala Víctor Domingo, presidente de la asociación. Domingo coincide con Almeida en que detrás de estos fallos “está la mano negra de la SGAE”. “Lo que pretende la SGAE es, primero, hacer responsables a las páginas web y, si tiene éxito, ir a por los proveedores de acceso a Internet para obligarles a que controlen las descargas de sus abonados”, señala Sánchez Almeida.

El tercer caso atañe a un foro alojado en la web bandaancha.st. En él se colgaron una serie de comentarios técnicos sobre el servicio que prestaba la operadora Comunitel (hoy en manos de Tele2), y la compañía los denunció por entender que se trataba de información confidencial. Los responsables de la web denunciada se negaron a retirar esas opiniones. “Hemos colaborado en todo momento en averiguar el registro de IP desde donde se remitieron esos comentarios, como nos pidió el juez. Pero sólo los retiraremos si éste lo dicta”, dice Josua Llorach, administrador de la página.

“José Antonio, cabrón, cuando tenga coche te voy a matar”; este comentario, colgado por ataulfo webos largos en el blog de Iván Fresneda, le costó a este chico de 18 años un disgusto y una multa de 200 euros. El mencionado José Antonio, profesor de Filosofía de Iván en el instituto, le denunció por injurias.

En el juicio, celebrado en verano de 2006, Iván facilitó al juez la dirección IP -el número que identifica cada conexión a Internet, que puede ser fija o dinámica- desde donde se habían vertido los comentarios. No sirvió y fue condenado. “Si un escrito ajeno es publicado sin que el medio conozca la identidad de su autor, ha de entenderse que el medio ha asumido su contenido”, decía la sentencia.

Iván ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid y ha ganado. Asegura que mostró buena voluntad y ayudó a facilitar la identidad del autor del comentario insultante. “No tengo por qué responder de un comentario que hace otro”, dice, y explica que las leyes están muy verdes en todo lo relacionado con Internet. “Mi juicio fue un caos. Tuvimos que explicar incluso al juez qué era un blog y cómo funcionaba”, se queja. Sí tendrá que pagar otros 200 euros, sin embargo, por un comentario que él mismo hizo en su blog, en el que criticaba los métodos educativos de su profesor.

Desde que todo sucedió, su web (www.mafius.com), que recoge opiniones sobre temas políticos y sociales, ha crecido. Ahora escriben en ella otras cuatro personas y reciben unas 3.000 visitas al día. A pesar de la mala experiencia, sigue sin moderar los comentarios. Asegura que no dan abasto.

En el mundo del ciberespacio y de los blogs hay una regla importante aunque no escrita: don’t feed the troll, es decir, nunca contestes a un troll, a una persona que deja insultos o comentarios malignos. “Verter exabruptos es una manera incluso de publicitar sus propios blogs. Otros lo hacen por jorobar”, explica Arturo Vallejo. A él le ocurrió en su blog Diario de una Miss Intelijente (http://soyunamiss.blogspot.com), en el que escribía el diario de una supuesta miss de todo, menos inteligente.

Vallejo, un periodista leonés de 39 años que tuvo tanto éxito con su blog que publicó un libro con los mejores post, explica que recibía insultos a diario. “Algunos los dejo porque son graciosos; otros no, porque además no aportan nada. Al fin y al cabo, tu blog es tuyo y no tienes por qué aguantar que alguien venga a insultarte”.

A Gina Tonic le han dicho de todo. Mantiene su blog desde 2004 -www.ginatonic.net- y en él habla de lo divino y lo humano. De arte, de política, de sexo… Y es precisamente este último tema el que recibe más comentarios dañinos. “Parece que no nos acostumbramos a que una chica hable de sexo. Pero no sólo me insultan a mí. También a otras”, explica desde Barcelona. Por eso Gina modera los comentarios que entran en su blog -”cuando faltan al respeto, elimino el mensaje”, dice-, y cuando ve que esos comentarios insultantes son repetidos por una misma dirección IP, la bloquea. “La gente no entiende que en Internet hay unas normas no escritas que se rigen por el respeto a las personas. Hay gente que se esconde pensando erróneamente que en Internet son anónimos”, explica.

La ley no obliga a moderar los comentarios, pero, según Álvaro Cuesta, de X-Novo, asesores en derecho tecnológico, todos deberían hacerlo “para curarse en salud”. “La legislación dice que los blogs se asimilan a cualquier medio de comunicación. Por tanto, deben cumplir las mismas reglas de autoría. Lo que no queda claro es si los comentarios que se hacen en un blog son responsabilidad del autor o no. Hay un vacío legal”, dice Cuesta.

“No veo bien censurar los comentarios, pero en parte lo entiendo, sobre todo en los blogs personales en los que no se gana dinero”, dice José María Mateos. Este joven de 26 años, autor de Las penas del agente Smith (http://rinzewind.org), participa también en el Manifestómetro (http://manifestometro.blogspot.com). Cree que cada persona tiene responsabilidad sobre los comentarios que realiza. Por eso no modera los comentarios en su blog, en el que habla de política, astronomía, ecología, gastronomía… “Mis comentaristas suelen ser civilizados, y yo no quiero controlar lo que la gente pone y deja de poner. No censuro; de vez en cuando, doy un toque de atención. Es cierto que a veces me han insultado, pero me resbala”, cuenta.

© Diario EL PAÍS S.L.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Insultar/blog/paga/elpeputec/20071023elpepisoc_1/Tes

Tribunales, la última trinchera

Es opinión cada vez más compartida la exigencia a los partidos políticos de que no resuelvan sus conflictos únicamente en los tribunales. En este sentido -si bien creo que los conflictos deben resolverse allí donde exista un espacio para su solución, sea éste el de los tribunales de justicia o cualquier otro- de unos tiempos a esta parte parece que la vida política ha incorporado a su argumentario todo el diccionario jurídico-judicial (imputados, procesados, autos, sentencias, etcétera). Incluso frente a los posibles casos de corrupción, cada formación política mueve o coloca su nivel de respuesta en base a un concepto y decisión judicial: los más atrevidos prometen respuesta contundente si se produce auto de imputación, y los más prudentes la retrasan a la sentencia firme.

Ese elemento referencial a los aconteceres de un proceso judicial supone un reconocimiento de impotencia o de renuncia a adoptar decisiones propias en el seno de los partidos políticos, lo que coadyuva a desvanecer el crédito de los ciudadanos en los mismos, con las funestas consecuencias que de ello se deriva. Pero además no debemos olvidar que en la búsqueda de la verdad, una resolución judicial únicamente expresa la verdad judicial, es decir, aquella que se conforma dentro de los estrechos márgenes de un proceso, del desarrollo y valoración de un acervo probatorio, de la habilidad de los abogados, de la diligencia de los funcionarios en construir un expediente, etcétera. Pero la verdad ética y la respuesta política no tienen por qué esperar ni siquiera basarse en la verdad judicial.

Los partidos deberían tomarse muy en serio las tareas preventivas y de control de quienes en su nombre adoptan decisiones públicas, y máxime en un sistema como el nuestro, que yo aún defiendo, de listas cerradas. En este contexto me parece adecuado traer a colación un antiguo debate pero plenamente vigente que viene exponiendo con brillantez y crudeza el profesor Alejandro Nieto. Recuerda el profesor cómo el Estado hizo una primera retirada estratégica desde el primer compromiso de garantizar a las personas la Justicia, a una segunda trinchera más modesta de garantizar el Derecho (lo que llamamos pomposamente el imperio de la Ley). Este cambio fue bien aceptado por los ciudadanos, en definitiva si se garantizaba su cumplimiento (aunque la Ley siempre es una respuesta del poder dominante) cada persona sabía qué puede hacer y qué puede esperar de los demás.

El problema aparece nuevamente cuando el poder público no está tampoco en condiciones de mantener esta segunda trinchera, pues en muchas ocasiones es el primero en no estar dispuesto a cumplir lealmente las leyes, y de eso últimamente abundan testimonios descarnados en nuestra Comunidad Valenciana (la vergonzante operación de recalificación y permuta del Mestalla, o de Tabacalera, la distracción de dinero público en paraísos fiscales, la ideación de tramas de defraudación a la hacienda pública, la permanente y obscena confusión entro público y lo privado, etcétera).

Así las cosas y consciente el ciudadano (también los partidos son ciudadanos) del fracaso que supone el compromiso de asegurar la Ley desde los órganos ejecutivos, se organiza una nueva retirada a una tercera línea, y se entrega esa función al Poder Judicial.

Esa nueva retirada ofrece innumerables inconvenientes, pero sobre todo es una apuesta arriesgadísima, porque si la muralla de los tribunales se rompe, entonces ya no hay otra defensa que impida el paso de la arbitrariedad y el despotismo y no podemos olvidar que el poder judicial, entre la politización de sus órganos de gobierno y la desatención presupuestaria, puede abrir una brecha de agua en cualquier momento. Eso sin contar cómo el llamado control judicial opera en ocasiones como una coartada de la ilegalidad. Por ejemplo, el gobierno del PP valenciano retrasa, prudentemente, su respuesta ante actuaciones presuntamente corruptas de autoridades o funcionarios de sus filas o afines, a que se dicte sentencia, y mientras se tendrá por correcto todo lo que hagan, y cuando alguien se levanta contra sus actos arbitrarios, le remiten desdeñosamente al juez, quien resolverá tan tarde que el autor del desaguisado ya habrá cambiado de destino o habrá pasado a mejor vida.

Los partidos políticos siguen siendo, por el momento, el instrumento para alcanzar el poder político. Por ello, creo que estos tienen que hacer un esfuerzo muy serio para recuperar la segunda trinchera, garantizando a la mayoría de los ciudadanos los principios que les abrigue y les proporcione seguridad, frente a aquellas élites minoritarias que son capaces, o incluso les interesa, aguantar sin techo y sin tierra firme bajo los pies.

José Luis Vera es abogado.

EL PAÍS – 08/02/2007

Un intento ¿inútil? de hacer pedagogía judicial

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN 19/07/2007

El llamado caso Bono contiene los ingredientes necesarios para buscar una receta que pueda servir de pauta a la información sobre tribunales.

Una sentencia es la respuesta que un órgano judicial da a un conflicto que, por una u otra causa, ha llegado a su conocimiento. Previamente se lleva a cabo una tarea de investigación de los hechos que están en el origen del litigio. La tarea es más o menos compleja según la multiplicidad de casos que suceden en la vida real. Cuando el conflicto merece la atención del derecho penal, nada se puede hacer sin depurar las versiones, normalmente confrontadas, entre la persona que denuncia e imputa y la postura, rotunda o parcialmente contradictoria, de quien se ve acusado y sometido a un proceso de investigación.

Si el caso judicial por sus protagonistas atrae el interés público, la función de juzgar se coloca en el foco de atención de los medios de comunicación. En nuestro mundo informativo se toman posiciones apriorísticas, es decir, previas al debate, dando por sentado que los hechos son tal como cada uno, desde su visión y óptica política, los declara, sin admitir la versión contradictoria y lo que es más grave, sin respetar la actuación de los jueces únicos a los que corresponde llevar las riendas del litigio.

Se hacen juicios paralelos con una ligereza y persistencia que resultaría llamativa y escandalosa en otras latitudes y culturas democráticas y judiciales. Aquí se pretende marcar los caminos al juez importunándole e incluso amenazándole, velada o directamente, si no recorre el camino que previamente le han trazado o no dicta una sentencia que se acomode a las pretensiones de los informantes u opinantes.

A nadie le importa, salvo si alguna vez les llega el turno de sentarse en el banquillo de los acusados, que el juez realice su trabajo con serenidad de ánimo, pausa, racionalidad y sentido de búsqueda de la verdad material, es decir, la única que se puede alcanzar en un proceso penal.

Los jueces ven la realidad como en un espejo reflejada en las versiones de los acusados y testigos, opiniones de los peritos y demás pruebas complementarias. Los reportajes gráficos son de gran utilidad, pero en ningún caso, puede suplantar la evaluación judicial sobre su mayor o menor exactitud, realidad o credibilidad. La valoración de las pruebas corresponde a los jueces, sometidos constitucionalmente a criterios de racionalidad y explicación lógica y fundada de los motivos por los que estiman unas pruebas más consistentes que otras y por qué desvalorizan argumentos y testimonios contrarios.

En esto es, precisamente, en lo que se plasma la tarea de juzgar que nos encomienda la Constitución. Nadie, sin bordear la agresión al derecho del acusado a un juicio justo, puede apropiarse de la pretensión de juzgar de forma paralela y de rebelarse, sin esgrimir causas ni motivos, contra la decisión del juzgador.

Volvamos al caso Bono. El tribunal competente celebró un juicio oral seguido con expectación por los medios. Una vez que terminó el juicio, realizó la valoración de las pruebas disponibles. Los hechos, más o menos sintéticamente recogidos en la sentencia, reflejan un incidente en el curso de una manifestación en la que el ministro de Defensa fue abucheado, sin que sufriera agresión física, aunque a continuación reconoce la existencia de un zarandeo. Un inspector de policía presente en la manifestación redactó una nota informativa en la que negó la agresión física pero admitió que fue imposible evitar los zarandeos. A partir de este momento, se dedican 14 folios a relatar lo sucedido durante la confección del atestado que se envía a la autoridad judicial.

La siguiente tarea consiste en analizar si esos hechos constituyen los delitos que las partes acusadoras le han indicado. En este caso, detención ilegal y falsedad en el atestado de la policía.

Dictada la sentencia, los condenados acuden a un tribunal superior pidiéndole que la anule o la modifique. Cuando se llega a esta fase, el recurrente puede estar en desacuerdo con los hechos que se le imputan o simplemente rechazar su carácter delictivo. En el primer caso tratará de poner de relieve que las pruebas son nulas, son insuficientes o se han manejado erróneamente. Pretende que se corrija el hecho de que se le imputa y se sustituya por otra versión más favorable a sus intereses o que se declare su absolución por falta de pruebas.

En el caso que nos ocupa, los incidentes notorios de la manifestación, y las consecuencias o derivaciones posteriores -detención y traslado a la comisaría de policía de los sospechosos-, no fueron cuestionados.

Hasta tal punto existía conformidad sobre los hechos, que el Tribunal Supremo al conocer del recurso los ha mantenido intactos y sin tocar una sola coma.

La cuestión, por tanto, se redujo a dilucidar si esos hechos eran constitutivos de los delitos que había declarado la Audiencia Provincial o, por el contrario, por su propio contenido y por la forma en que se relatan, los acontecimientos carecían de toda relevancia penal.

El debate adquiere así unos perfiles exclusivamente jurídicos. Los que trabajan en los medios de comunicación deberían extremar su cautela a la hora de enfocar la decisión del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no ha legitimado la detención ilegal como editorializó el diario El Mundo. Espero que conocido el contenido de la sentencia, explique a sus lectores los motivos de su gruesa descalificación.

La cuestión es más simple, el Tribunal Supremo ha dicho que los hechos que declaró probados la Audiencia Provincial no constituyen delito alguno.

Es muy complejo concentrar en un titular e incluso en una más amplia información, los entresijos de una sentencia. Ahora bien, el análisis se desvirtúa y se ilegitima la crítica cuando se relata solamente el resultado de la decisión y se desprecian los argumentos que en este caso ignoraban, pues no se había publicado. Los ciudadanos tienen derecho a conocer, aunque sea sintéticamente, cuáles han sido las razones que han llevado a la adopción de una determinada decisión.

Una sentencia puede gustar o no gustar, pero vale lo que valen sus razonamientos. Si se ocultan a la información, cuando se hacen públicos, se hace un mal servicio a los lectores y se malversa el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática, que no es otro que transmitir información veraz, añadiéndole, ¿por qué no?, unas dosis de pedagogía ciudadana.

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.

El País – 19-07-07